Resumen de Problemas emergentes en salud laboral: retos y oportunidades
Fernando García Benavides, Jordi Delclòs
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 significó un impulso para el desarrollo de las políticas preventivas –frente a las indemnizatorias–, pero, diez años después, podemos valorar su impacto como insuficiente. En la actualidad existe un amplio espacio para dar un nuevo impulso a las políticas de salud laboral en España, las cuales deben tener en cuenta las tendencias globales que influyen sobre el mercado de trabajo y las políticas sociales. Hay que asumir que competitividad y prevención deben ser compatibles, ya que ambos elementos –la salud y el trabajo– son igualmente esenciales para la vida de cualquier persona.
Las tendencias demográficas están suponiendo nuevos retos para las empresas y para las administraciones laboral, sanitaria y de la seguridad social. Entre ellos hemos de resaltar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la entrada masiva de inmigrantes, junto al envejecimiento de la población laboral. La creciente actividad en los servicios y la construcción, junto al estancamiento en la industria y el descenso en las actividades primarias, está cambiando el perfil de riesgo de los puestos de trabajo. Ello requiere trabajadores cada vez más cualificados que realizan tareas de menor exigencia física y más demanda psicológica. Esto se refleja en la percepción de los riesgos que recogen las encuestas sobre condiciones de trabajo, al mostrar que los riesgos psicosociales son los que mayoritariamente preocupan a los trabajadores.
Consecuencia de todo lo anterior, podemos concluir que estamos en medio de un periodo de transición en la salud laboral; desde una salud laboral centrada en las lesiones por accidentes de trabajo, a otra donde las enfermedades, especialmente musculoesqueléticas y mentales, ocupan cada vez más importancia.
Proteger la salud de los que trabajan y hacer del trabajo una fuente de salud debe ser una prioridad política en los próximos años en España, prestando especial atención a los in- migrantes, los jóvenes y las mujeres, que comparten, todos ellos, un alto grado de precariedad laboral. Está fuera de toda duda razonable el impacto negativo que la precariedad tiene sobre la salud.
Los conflictos de intereses de los distintos actores sociales que intervienen en la salud laboral –empresario, trabajador, profesional y/o la administración pública– son, y posiblemente serán, cada vez más relevantes. El acceso a la información, los avances en genética molecular y la peculiar organización de los servicios de salud laboral son algunas de las razones de esta mayor relevancia de la ética en la salud laboral.
Las recomendaciones que se desprenden de este informe serían las siguientes:
• Realizar un seguimiento sistemático de las políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo, basado en estudios descriptivos y evaluativos. Los resultados de esta investigación resultan imprescindibles para fundamentar las decisiones políticas en evidencias científicas.
• Reformar el actual sistema de información de enfermedades profesionales, lo que debe incluir, además de la actualización de la lista de enfermedades profesionales, en trámite, un cambio profundo de los criterios de reconocimiento de tales enfermedades y los procedimientos establecidos para su notificación.
• Crear, y potenciar allí donde ya existen, las unidades de salud laboral, que deben conectar los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas y los servicios asistenciales, especialmente la atención primaria.
• Fomentar la discusión de desafíos éticos entre los profesionales de la salud laboral españoles, impulsando la adopción de códigos éticos propios que ayuden a identificar y resolver los conflictos.
