La inversión pública en España: algunas líneas estrategicas.
- Autores: Rafael Myro Sánchez
- Localización: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), Nº. 121, 2007
- Idioma: español
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Resumen
El crecimiento de la renta per cápita depende de los incrementos en las dotaciones de capital físico, humano y tecnológico por trabajador que se derivan del gasto anual en equipamientos e infraestructuras físicas de todo tipo, educación e investigación tecnológica.
Las Administraciones públicas contribuyen de forma sustancial a la formación de estos tres tipos de capital. No sólo por la elevada cuantía de sus inversiones anuales, sino también por la naturaleza específica de éstas, que las dota de una elevada rentabilidad social. Por esta razón, las políticas de inversión pública poseen una gran trascendencia sobre la capacidad de desarrollo de las naciones. Se considera aquí una definición amplia de la inversión pública, integrada por la formación bruta de capital fijo, destinada a la creación de infraestructuras, y los gastos dedicados a educación e I+D. La suma total de estas partidas asciende hoy en España al 9% del PIB.
En este trabajo se examina la evolución de España en materia de infraestructuras (que es la partida que habitualmente se conoce con el nombre de capital público), educación e investi- gación tecnológica. Se recurre a una comparación sistemática con los países más desarro- llados de la UE, con objeto de obtener un primer criterio de evaluación. Y se contemplan también las diferencias entre las regiones españolas.
Mediante este examen, se constata que España se encuentra hoy muy cerca de los países de la UEM en materia de infraestructuras y a una distancia apreciable aún en lo que concierne al capital humano y, sobre todo, al capital tecnológico. A pesar de ello, hoy la distancia en los tres ámbitos es muy inferior a la que existía en 1980, por lo que puede decirse que España ha realizado un esfuerzo muy notable de convergencia con los países comunitarios más avan- zados. En realidad, el acercamiento en renta per cápita de España a estos mismos países no podría explicarse en ausencia de esta paulatina equiparación en las dotaciones de infraes- tructuras, capital humano y capital tecnológico. Esta conclusión resulta reforzada por el re- paso que se realiza en el texto de las estimaciones disponibles sobre el impacto económico de las inversiones públicas, que pone de manifiesto su alta rentabilidad social, superior a la del capital privado.
El crecimiento del capital en infraestructuras, educación y tecnología ha beneficiado tam- bién de forma muy notable a las diferentes regiones españolas, de forma que se han acortado sensiblemente las distancias entre ellas, sobre todo en materia de infraestructuras, en donde los criterios de vertebración territorial y de cohesión social han estado muy presentes, apoyándose en la recepción de fondos comunitarios con esta finalidad.
Este acortamiento de la distancia entre regiones en lo que atañe a capital público (entendido en la concepción amplia que aquí se está usando) ha favorecido la convergencia en renta per cápita entre ellas. En particular, el acercamiento paulatino en las dotaciones de infraestruc- turas físicas –que continuará produciéndose aún en los próximos años, conforme se ejecuten los planes en vigor– ha conducido al resultado de que las importantes diferencias de desarro- llo entre regiones que aún hoy subsisten, y que no parecen fáciles de salvar a corto y medio plazo, encuentren gradualmente una justificación mayor en las diferencias en las dotaciones de capital humano y tecnológico que perviven. Este conjunto de consideraciones parece aconsejar una estrategia en materia de inversiones públicas basada en los siguientes puntos:
• La inversión pública en las tres clases de capital que aquí se han considerado debería ser impulsada sensiblemente en los próximos años.
• No obstante, habría de primarse el gasto en aquellos capítulos en los que la distancia con la UE en el stock acumulado es mayor, es decir, en capital humano y en capital tecnológico, los cuales, por otra parte, exhiben amplias complementariedades entre sí.
• Esta recomendación general de impulso del gasto público adquiere más urgencia en el marco actual de globalización –que aumenta las exigencias de competitividad de las economías– y de sensible disminución de la inversión directa exterior, uno de los vehículos fundamentales de recepción de ideas y tecnologías creadas en el exterior.
• No obstante, su puesta en práctica se enfrenta con no pocos obstáculos. El más impor- tante es la existencia de una importante restricción presupuestaria, que tenderá a ele- varse en el futuro con el paulatino recorte de los fondos comunitarios, y la perspectiva de amplios gastos de pensiones y de protección social.
• Como consecuencia, no será viable sin cambios en la política fiscal actual, es decir, sin ahorros en subvenciones y otros gastos públicos, y sin que se ponga fin a la carrera hacia la disminución de los tipos impositivos que ha impulsado la rivalidad entre los dos principales partidos políticos. Antes al contrario, con una alta probabilidad, sólo será viable con elevaciones en los tipos impositivos, o con una mayor implicación del capital privado en las actuaciones públicas.
• El impulso de la inversión pública en infraestructuras físicas en los próximos años debería dirigirse preferentemente hacia las regiones donde sus efectos sobre la renta y la productividad son mayores, las más desarrolladas. En cambio, las regiones más pobres deberían beneficiarse de mayores apoyos públicos a la educación y al esfuerzo tecnológico. Todo parece indicar que el desarrollo de estos capítulos es el que puede seguir impulsando hoy con una mayor intensidad su acercamiento en renta per cápita a la media nacional.
