Con la profundización teórica del Estado constitucional democrático propugnado en la Constitución venezolana de 1999 se acentúan también las posibilidades del ejercicio del control judicial de constitucionalidad de los actos del poder público y en particular del acto legislativo: la ley. Sin embargo, por otro lado de un modo paradójico, se viene observando en las leyes penales una tendencia a la expansión del control penal y a la proliferación de normas penales antidemocráticas, autoritarias y lesivas de los principios constitucionales y sobre todo, de los derechos humanos. Claro ejemplo de ello, son las leyes penales que se han caracterizado bajo la denominación del "Derecho" Penal del enemigo que si bien no es una teoría jurídica constituye una explicación, cuando no una pretendida justificación del curso bélico de tales legislaciones. Ante este escenario, la salida jurídica que se propone es enriquecer los mecanismos de protección constitucional, entre los que el control judicial de constitucionalidad de las leyes ofrece una posibilidad de contrarrestar el abuso del poder punitivo que representa el talante represivo de tales leyes penales.
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