La imparable difusión teórica y práctica del arbitraje como método alternativo a la Administración de justicia estatal es, en la actualidad, una realidad confesable. Abogados en ejercicio e instituciones arbitrales acuden cada vez más al arbitraje. De ahí que, ante un fenómeno jurídico de tales características que desea competir con el servicio público de la justicia, sea necesario ubicarnos. Ya que no vale con �cualquier arbitraje� ni tampoco con que �cualquiera� se irrogue como árbitro. Es preciso comenzar por lo más elemental y, además, por lo más básico: asumir las garantías que han de aplicarse al laudar. Para tal fin se presenta al lector el presente trabajo.
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