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25 años de los Pactos de la Moncloa

  • Autores: Alberto Sabio Alcutén
  • Localización: Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura, ISSN 1137-6007, Nº. 70, 2002 (Ejemplar dedicado a: 1936, El tiempo detenido), pág. 5
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Se han cumplido estos días 25 años desde que, en octubre de 1977, las principales formaciones políticas firmaran los Pactos de la Moncloa. Resulta una buena ocasión para levantar la vista como las gallinas y pararse a pensar sobre ese pasado inmediato que ha construido nuestro presente. No es que el aniversario haya pasa- do del todo desapercibido en los medios de comunicación, pero a mi modo de ver sí se ha personalizado demasiado en la audacia política de Suárez y la técnica de Fuentes Quintana, como si sólo ellos y los partidos políticos tuvieran visión de Estado y no otros protagonistas colectivos como los sindicatos mayoritarios. Es cierto que el sindicalismo de clase no estuvo representado en esos Pactos de la Moncloa, ni participó en su negociación, pero ello no quiere decir que CC.OO. y UGT permanecieran cruzadas de brazos. Más bien aceptaron una política de concertación social, requisito ineludible para la consolidación democrática en el periodo preconstituyente, aun a costa de relegar sus intereses materiales inmediatos y su protagonismo a un segundo plano. Ésta es una de las primeras cuestiones a destacar: el cambio democrático no fue cosa solamente de cuatro personalidades hiperhomenajeadas. También conviene evitar el simple mecanicismo de que el ensanchamiento de las clases medias, el crecimiento de la renta per cápita, las nuevas pautas de consumo y los niveles sostenidos de desarrollo económico hicieron por sí mismos la transición. España figuraba en 1975 y 1976 a la cabeza del ranking de conflictividad laboral en Europa y, sin embargo, interpretó luego uno de los procesos de concertación social más duraderos del continente. Y eso que el sindicalismo de aquella época contaba con muy pocos apoyos de la Administración a la hora de intervenir en las relaciones laborales. Frente al supuesto paternalismo franquista, ahora el Estado apenas intervenía. Las mayores innovaciones, después de 40 años de ilegalidad sindical, no fueron producto de leyes ni de política legislativa, sino de recursos ante el Tribunal Constitucional. Baste recordar que la jornada de 40 horas se adelantó por acuerdo a la Ley... Este planteamiento aumentó la judicialización de las relaciones laborales y obligó a los sindicatos a multiplicar sus esfuerzos para cubrir los huecos que ese repentino liberalismo iba dejando. Con todo, la voluntad de consenso político y de asentar el régimen de libertades explica la postura de UGT y de CC.OO. ante los Pactos de la Moncloa, cuyo rechazo activo quedó reducido a expresiones sindicales no mayoritarias como CNT, ELA, CSUT o USO. Pues bien, a pesar de esos compromisos políticos de las centrales sindicales mayoritarias en favor de los Pactos de la Moncloa, el sindicalismo español quedó lastrado por importantes cortapisas en algunos derechos fundamentales. El derecho a negociar convenios de empresa no estaba reconocido a los sindicatos y sólo se admitió, con limitaciones, en el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980. No había apoyatura normativa para descontar la cuota sindical de la nómina del trabajador (que se introdujo en el AMI, en 1980). Pese a las disposiciones constitucionales, hasta abril de 1981 no se admitió el derecho de los sindicatos a declarar huelgas. Y los convenios eran poco menos que letra muerta, mientras no hubiera normas de derecho interno que los aplicaran. Ahora bien, cuando el 23 de febrero de 1981 fue ocupado militarmente el Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero, desde el sindicalismo progresista se articuló pronto una respuesta activa en favor de la normalización democrática, dejando aparcadas temporalmente otras urgencias más sindicales. «Queremos seguir reuniéndonos a la luz del día para discutir nuestros problemas sin miedo alguno. Queremos poder denunciar las injusticias de la Administración e irnos después a dormir con el ánimo sereno. Queremos seguir teniendo el derecho a equivocarnos y rectificar nuestros errores por convencimiento propio, y no por imposición». Por encima de todo, querían un país democrático, sin que nadie lo rompiera. Comisiones Obreras, por ejemplo, alteró su estrategia anterior e hizo explícita su voluntad de llegar a acuerdos y de dar, otra vez como en los Pactos de la Moncloa, una respuesta a la consolidación democrática tras el Golpe de Estado del 23 F.


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