La participación de los trabajadores en la empresa a través del derecho de consulta previa de sus representantes, como instrumento para la gestión preventiva de las reestructuraciones empresariales con riesgo para el empleo, se asume por el legislador español con la aprobación de la ley 38/2007, de 16 de noviembre por la que se reforma el art. 64 ET con el fin de transponer la Directiva 2002/14/CE.
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