El presente trabajo trata sobre la posibilidad de requerir judicialmente a los operadores de telecomunicaciones para que aporten a un proceso judicial datos generados o tratados en el marco de la prestación de sus servicios. El art.1 de la Ley 25/2007, ha circunscrito el deber de conservar aquellos datos y comunicarlos a la autoridad judicial del proceso penal por delito grave y la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE no encuentra censurable dicha restricción. El autor del trabajo, sin embargo, la considera inconveniente
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