Actualmente en el ámbito del Derecho Procesal Penal, en la fase de ejecución penal se evidencia una fina correspondencia de aplicación por parte del Estado venezolano de política criminal. Se trata de un modelo político criminal que pretende ser democrático y respetuoso de los derechos y garantías del hombre, presentando una clara contradicción entre el nivel teórico y práctico. Motivando a la construcción de un modelo de política propia de un Estado Terapéutico y no de un Estado de Derecho. Partiendo del análisis de los acontecimientos sociopolítico vividos en Venezuela desde 1.999, se percibe una fractura al sistema político imperante y a las instituciones jurídicas; repercutiendo en el acatamiento y progresividad que demanda el precepto Constitucional en el artículo 272.De allí la necesidad de evaluar el papel del Estado como administrador de justicia frente a la realidad carcelaria; en especial la asistencia post-penitenciaria que posibilite la integración del individuo, dándole respuesta a la sociedad sobre la base del respeto a la dignidad humana, en general, y en particular a las victimas de los delitos y también a los autores de estos. La metodología fue de carácter documental, de corte jurídico teórico o dogmático, mediante la aplicación de una investigación descriptiva congregando información documental, incluyendo la doctrina extranjera para someterlo al análisis crítico y reflexivo
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