En atención a diversas pretensiones que se han intentado con fundamento en el artículo 272 de la Constitución de la República, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ido produciendo una doctrina jurisprudencial en cuanto a la pena y su ejecución. En este sentido, se han dictado algunas decisiones sobre la ratio legis de la mencionada norma, en torno a los derechos fundamentales de los reclusos, la esencia de la pena, el principio resocializador y a la progresividad en la ejecución penal. Se trata de precisar con el presente trabajo la conexión entre el criterio jurisprudencial y los contornos de la política criminal adoptada por el legislador venezolano en las recientes reformas del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal, toda vez que la mayoría de las decisiones a valorar tienen su origen en la desaplicación de algunas normas surgidas en el marco de tales reformas
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