Resumen de Public employment and redistribution in Spain
José Manuel Marqués Sevillano, Joan Rosselló Villalonga
En el presente artículo analizamos cuáles son las variables que explican la localización territorial de los empleados públicos por parte de la Administración Central. Asimismo también intentamos explicar el incremento del número de trabajadores públicos en la década de los 90 en las Administraciones Autonómicas. Incremento que pensamos que no solamente se explica por el proceso de descentralización que se inició en los años 80. Si bien hay una serie de variables que podrían explicar esta localización desde un punto de vista económico (tamaño de la población, superficie de la C.A, niveles de responsabilidad asumidos por las CC.AA, características de la población, como el número de jóvenes o personas mayores, etc.) económico -que pueden coincidir con las recogidas en la conocida ley de Wagner- nuestro argumento va más allá e intenta explicar el significativo incremento del número de empleados públicos a partir de variables de carácter político. En este sentido, nuestro argumento se enmarca por un lado en los crecientes límites que se han fijado sobre la política económica de los distintos gobiernos (tanto al nivel central como regional) lo cual les permite incidir cada vez menos en la economía. Desde la entrada de España en la Comunidad Europea han ido aumentando los controles sobre las ayudas públicas al sector privado así como a las empresas públicas. Esto no provoca sino una limitación de la capacidad de intervención de la Administración Pública en la economía, en especial durante épocas de recesión. Dadas estas limitaciones los políticos pueden tener la tentación de utilizar el empleo público como instrumento redistributivo como han mostrado Alesina en varios artículos sobre el caso de los Estados Unidos y de Italia. El problema de este tipo de intervención (entre otros) es que no es anticíclica sino que genera compromisos de gasto futuros. Por otro lado, el empleo público también puede ser utilizado como instrumento de política. Si bien las políticas redistributivas de gasto o por la parte de imposición pueden ser fácilmente controladas a través del ciclo presupuestario, el incremento del número de trabajadores en la Administración Pública, a pesar de que es muy visible, es menos transparente y está menos sujeto al control parlamentario. Finalmente también hemos querido controlar si la ideología de los distintos partidos gobernantes, o si la coincidencia en el color de los partidos (Central-Regional) influye sobre los niveles de empleo público. Nuestros resultados sugieren que efectivamente la localización territorial de los empleados públicos por parte de la Administración Central, para el período 90-99, ha tenido que ver con el proceso de descentralización, pero también que se ha localizado un número mayor de empleados públicos en las regiones en las cuales había una coincidencia del color político de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Central. Aunque menos robustos, los resultados también sugieren que la localización ha favorecido a aquellas regiones con niveles de renta más bajos y mayores niveles de desempleo. Por lo que se refiere a la política de los Gobiernos Regionales los resultados no son tan robustos. Éstos vienen determinados mayoritariamente por el impacto sobre los niveles de empleo público que ha provocado el proceso de descentralización y hace difícil poder separar el incremento de empleados provocado por las competencias recibidas de los incrementos motivados por decisiones políticas o redistributivas. En cualquier caso, parece aconsejable un mayor control sobre el volumen de empleados públicos de las Administraciones Regionales. Esta medida no es solamente para evitar el sobredimensionamiento de esas administraciones, que inevitablemente generan compromisos de gasto muy importantes, sino para evitar también los efectos perniciosos sobre la economía, como: i) desincentivos a los emprendedores para desarrollar actividades privadas, ii) elevados diferenciales de salarios entre los ocupados en el sector público y el privado, iii) rigideces en la movilidad funcional de los trabajadores dentro de una misma región y entre sectores, iv) excesiva dependencia de la economía de la actividad del sector público, etc.
