Desde al año 2007 se inició la implantación en España del sistema público de atención a la dependencia, que estará plenamente vigente a mediados de la próxima década. Gracias a la participación coordinada de las diferentes administraciones públicas y el sector privado, el sistema proveerá prestaciones económicas y servicios a aproximadamente un millón y medio de personas con dificultades para realizar las actividades básicas, fomentando su autonomía personal y mejorando su calidad de vida. La relevancia social y económica de esta nueva ampliación del Estado de bienestar es incuestionable. En el artículo se describe la estructura básica del nuevo sistema en España, se compara con los principales modelos de atención a la dependencia vigentes en Europa, y se simulan sus efectos económicos más relevantes.
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