Este texto habla de las tensiones y discrepancias de la jurisdicción ordinaria respecto a la jurisdicción especial indígena, la cual fue reconocida por el Estado colombiano -a través de la Constitución Política de 1991- como las formas propias de configurar, administrar y aplicar justicia en los diversos contextos indígenas del país. El autor nos invita a profundizar en los significados de las prácticas ancestrales de aplicar justicia, sus fortalezas y debilidades, los momentos de interacción con la justicia ordinaria y los conflictos con la justicia militar, para que avancemos hacia una relación de mayor respeto y comprensión de la vida organizativa de las comunidades.
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