El punto de partida de este artículo es el desarrollo de un enfoque crítico del currículo nacional en materia de formación cívica y ética que se introdujo después de las reformas que se dieron en 1992. En la parte crítica se asume que un sistema político autoritario desarrollará, de manera natural, un enfoque de la educación cívica que tiende a mantener a la población en un bajo nivel de participación en actividades cívicas y en una actitud de sumisión ante las diferentes autoridades públicas. Se propone un enfoque diferente, partiendo de la idea de que la reducción de la educación cívica al conocimiento de la Constitución sólo produce autómatas cívico-legalistas, pero no ciudadanos plenos.
Se analizan dos grandes tópicos desde un punto de vista filosófico: los temas que se deben incluir en el currículo y los enfoques metodológicos más adecuados para desarrollar un proceso de mediación entre los principios universales del derecho y las circunstancias particulares. Los temas de la legítima autoridad y disciplina se presentan como componentes principales de los primeros años del currículo nacional. La parte metodológica se concentra en algunas estrategias que permiten producir intencionalmente situaciones típicas de la vida diaria como un punto de encuentro entre la abstracción de las normas y la concreción de las situaciones vitales, y como una forma de producir una experiencia interna de la ley.
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