Uno de los cometidos principales del Estado es su capacidad de evaluación de los objetivos planificados, para aportar mayor transparencia en las políticas públicas que se realizan. Esta evaluación debe incorporarse desde el primer momento de la planificación, de tal forma que ambos procesos estén plenamente relacionados y caminen complementariamente. De esta manera se puede tener mayor control de la ejecución de las políticas que se están aplicando en cada momento, posibilitando satisfacer las exigencias de información y transparencia de los agentes que participan en ellas.
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