El urbanismo norteamericano es a menudo citado acríticamente como ejemplo de una actividad libérrima en la pa-tria del «wild west», paradigma de la apropiación ilimitada de recursos inmobiliarios inagotables, exenta de con-trol gubernamental o administrativo. La realidad no puede estar más alejada de esta estampa bucólica, pues el gobierno jurídico del urbanismo norteamericano nos sorprende por su carácter complejo, y por asumir y resolver con carácter de vanguardia problemas transversales apasionantes. Como en otros sectores del Derecho, la expe-riencia norteamericana rotura el barbecho de la normatividad, enfrentándose a problemas que luego se actuali-zan en otras latitudes. Aspectos como el exhaustivo análisis económico y financiero de las actuaciones urbanísti-cas, que trascienden nuestro tradicional y pacato principio de «equidistribución» y exigen que el promotor sufrague los costes o externalidades inherentes a la reforma o ampliación de las infraestructuras públicas generales preexis-tentes, fuera de los límites físicos de la actuación (off site improvements); la interacción entre el urbanismo y la li-bertad de expresión o la libertad religiosa; la tensión entre actividad urbanística y la segregación étnica y racial (gated cities), etc. La lectura de las sentencias de los tribunales norteamericanos recaídas en asuntos urbanísti-cos, motivados por un cuerpo de litigantes beligerantes, nos descubre de manera fresca y pragmática una relación viva e íntima entre el urbanismo y estas cruciales cuestiones.
Son todos ellos ejemplos que nos muestran que el derecho urbanístico norteamericano, lejos de ser una selva de pioneros armados, anclada en un liberalismo abstencionista, es un sistema global, avanzado, técnicamente sofis-ticado e integrador de las exigencias ambientales, del que pueden extraerse, si no soluciones concretas, dada la di-versidad de los contextos jurídicos, sí al menos la inquietante percepción de preocupaciones y fronteras futuras.
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