La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, ha introducido importantes novedades en el ámbito de la contratación administrativa propiciadas, en gran medida, por el impulso del Derecho comunitario europeo. En este artículo se presentan las novedades más significativas de la nueva Ley y se plantean algunos de los interrogantes que la regulación deja traslucir.
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