Los prejuicios sociales hacia la instalación de líneas eléctricas fundamentados en aspectos ambientales como la interferencia de la infraestructura en el paisaje y los efectos de los campos electromagnéticos, exigen medidas que eviten el conflicto entre el promotor y los propietarios de los terrenos. Este consenso evitaría los costes originados por el retraso de los trámites de autorización previos a la ejecución del proyecto causados por las alegaciones interpuestas por los propietarios.
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