En América Latina hay serias deficiencias en la gobernanza nacional. Aunque la corrección de las deficiencias técnicas o administrativas de los gobiernos no es responsabilidad de las empresas en un sentido estricto, si sus actividades se ven afectadas éstas no pueden permanecer indiferentes. Si las acciones de apoyo al buen gobierno redundan en los beneficios presentes o futuros de las empresas, éstas podrían considerarse como parte legítima de la responsabilidad social corporativa, entendida ésta como el conjunto de actividades que, aumentando la contribución de las empresas a la sociedad, mejoran su propia situación.
Para que eso ocurra efectivamente con los problemas de gobernanza, los ejecutivos deben demostrar que colaborar con otras instituciones para resolverlos trae beneficios tangibles o intangibles para las empresas, en el corto o en el largo plazo. No estamos abogando por la idea de que es responsabilidad de las empresas resolver los problemas sociales o de gobernanza pública. Estamos lejos de ello. Las empresas tienen responsabilidades hacia sus accionistas y dueños, pero estas responsabilidades se ejercen más cabalmente si ellas se preocupan de hacer que su entorno sea favorable para sus negocios. Esto beneficia a los accionistas y dueños. Lo importante es elegir bien la forma de hacerlo para que esas medidas tengan la mayor eficacia posible.
El autor, profesor consultor en la Universidad de Stanford y socio principal de la consultora en sustentabilidad Cumpetere, identifica las áreas donde están los problemas más acuciantes: fallas en la administración, la seguridad jurídica, la calidad de la regulación y el control de la corrupción. También reconoce los peligros de que las empresas se involucren en la solución de problemas públicos ¿tradicionalmente atribuida al propio estado¿ y plantea una ruta para orientar el cómo involucrarse y con qué socios.
También brinda tres ejemplos de empresas que lo intentaron e hicieron una diferencia para ellas mismas y para los países en que operan.
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