El artículo recoge cómo puede afectar la aplicación de la Ley Penal Juvenil 5/2000 en el ámbito de protección a la infancia, que en Cataluña está bien diferenciado del ámbito de Reforma. En síntesis, se recoge la dificultad para atender una población adolescente que presenta unas características conductuales muy específicas y que hasta el momento se atendía desde el ámbito penal. También se recogen las dificultades con la implementación, fijándonos en la poca previsión en la planificación. Finalmente el autor intenta dar pistas orientativas por dónde tienen que ir los tiros de intervención en Cataluña con esta nueva realidad que dibuja la ley 5/2000.
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