La nueva ley de responsabilidad penal de los menores supone profundos cambios en la forma como la sociedad reacciona ante las transgresiones cometidas por los adolescentes y jóvenes. Resultará, sin embargo, determinante la filosofía social y educativa con la que se aplique. Se trata de una buena ley si se pone al servicio de la construcción de la responsabilidad y si se evita la judicialización. Además, sugiere nuevos marcos para la acción educativa. Pero se trata de una ley que nace muerta, ya que las modificaciones introducidas en función de los delitos de terrorismo y la alarma social con la que comienza su aplicación la convierten, de momento, en una mala ley.
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