Desde hace unos años se ha tomado creciente conciencia de que las emisiones contaminantes ocasionadas por actividades humanas, al difundirse por el territorio, no afectan de manera similar a las diferentes categorías sociales. A menudo se ha observado que esas externalidades negativas discriminan y penalizan especialmente a los grupos más desfavorecidos, lo que genera una «injusticia» de origen ambiental.
Este artículo aborda el diagnóstico del grado en que dichas externalidades negativas, asociadas a la contaminación atmosférica por SO2, afectan desigualmente a las zonas ocupadas por los distintos grupos de renta en Madrid en dos años recientes, 1995-2005, en aras de comprobar el nivel de equidad-inequidad ambiental que podían causar. A tal fin se usan dos fuentes de datos: los de renta per cápita por secciones censales y los de polución registrados en los observatorios de vigilancia. Con estos últimos se han generado, por interpolación, capas raster del grado de concentración de ese contaminante en la atmósfera y luego se ha realizado una tabulación estadística entre las capas de renta y las de dióxido de azufre, para determinar la magnitud de la afección potencial sobre cada grupo de renta. El examen en dos momentos permite evidenciar el resultado, en términos de equidad ambiental, de la política vigente de sustitución de calderas de calefacción y la consiguiente reducción de emisiones de dióxido de azufre.
El método aplicado ilustra cómo los SIG pueden ser utilizados para elaborar diagnósticos efectivos de situaciones geográficas y, por tanto, para analizar políticas públicas y tomar decisiones congruentes con el ya bien reconocido principio de justicia ambiental.
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