El acceso al crédito puede entenderse como uno de los derechos humanos emergentes o de segunda generación, en relación con una concepción avanzada de Ciudadanía, definida como "ciudadanía social". En ella se incorporan algunos de los derechos socio-económicos configurados en los últimos tiempos como la sanidad, la educación, las pensiones, los subsidios por desempleo y las vacaciones pagadas. En una sociedad avanzada, el acceso al crédito es necesario para poder prosperar, por lo que debería entenderse como un derecho social más.
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