La política exterior de un país ha de abrirse a los ciudadanos y estar sometida al control parlamentario. Su vinculación con el conjunto de políticas públicas requiere una legislación específica, porque la política exterior no es una política "diferente". La nueva realidad internacional del siglo XXI está caracterizada por el fenómeno de la globalización, el cambio climático, el terrorismo y la emergencia de actores no estatales. Lo cual, junto a la propia evolución interna de España, caracterizada por la descentralización autonómica, hacen inaplazable este desarrollo legislativo.
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