A menudo, cuando los ciudadanos y los diferentes profesionales abordan la cuestión de los maltratos que sufren diferentes sujetos en nuestra sociedad, ponemos el acento en los maltratos infligidos directamente por unas personas sobre otras y obviamos, a mi parecer, los maltratos institucionales: un olvido de gran envergadura y gravedad.
Generalmente se asocia el maltrato con el contexto familiar y/o doméstico, pero es evidente que, además de este ámbito, los sujetos se desarrollan en diferentes ámbitos o espacios vitales. Es cierto que la incidencia y el predominio de maltratos son mayores en la familia y que la gravedad del daño es, igualmente más importante cuando tiene la familia como escenario. Sin embargo, eso no tiene que justificar el olvido o la falta de atención al maltrato sufrido, por ejemplo, en la escuela, en los centros sanitarios, en el juzgado o en la red de servicios sociales, aunque la responsabilidad es cualitativa y cuantitativamente diferente en estos casos.
Cuando el Estado, la Administración pública o cualquier institución asumen, de una forma o otra, la responsabilidad de una intervención con cualquier sujeto, implícitamente se está diciendo que se es capaz de atender mejor y respetando sus derechos. Por este motivo, las instituciones no pueden permitir el abuso y han de trabajar cotidianamente para evitar cualquier tipo de maltrato. Tanto es así que la eficacia en esta labor puede ser considerada como uno de los indicadores más poderosos de la calidad de la atención que la institución presta.
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