Resumen de El règim jurídic de la llengua catalana amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 1979: balanç i perspectives

Antoni Milian i Massana

• español

  La entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 supuso un cambio radical en el régimen lingüístico de la lengua catalana en Cataluña. Con el Estatuto se hacía efectiva la oficialidad del catalán (art. 3.2 del Estatuto), dando así cumplimiento, en Cataluña, al mandato constitucional de atribuir el estatus de lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas a las lenguas españolas distintas del castellano (art. 3.2 de la Constitución española de 1978). De esta manera, en Cataluña dos lenguas gozaban del estatus de lenguas oficiales: el catalán, en tanto que lengua propia de Cataluña (art. 3.1 del Estatuto), y el castellano, que lo era por ser la lengua oficial del Estado.

  La oficialidad del catalán ha alterado los hábitos y usos lingüísticos oficiales en las administraciones públicas radicadas en Cataluña, al permitir el uso de aquella lengua en su seno y en las relaciones entre aquéllas y los ciudadanos. Debe recordarse que, con anterioridad al Estatuto de autonomía, el empleo del catalán en las administraciones había estado prohibido, y que únicamente se había tolerado en supuestos específicos en los años inmediatamente anteriores a la aprobación del citado Estatuto. Tras su entrada en vigor, la determinación del alcance de los efectos de la oficialidad y, sobre todo, la regulación del uso de las dos lenguas oficiales no ha sido siempre pacífica, como lo ponen de relieve las numerosas sentencias que se han dictado al respecto. Por otro lado, la oficialidad del catalán ha hecho necesaria la capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, lo que se ha traducido en la necesidad de acreditar el conocimiento adecuado de las dos lenguas oficiales ¿el catalán y el castellano¿ en las pruebas de acceso al empleo público y en la cobertura de plazas vacantes. También esta cuestión ha sido objeto de controversia jurídica y ha exigido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha avalado aquellas exigencias lingüísticas siempre que el nivel de conocimiento exigido sea proporcional a la capacidad lingüística requerida para la función a desempeñar.

  Mientras el uso de la lengua catalana en las administraciones públicas se ha normalizado, especialmente en la Administración autonómica y en las administraciones locales, no ha sucedido lo mismo en la Administración del Estado en Cataluña, donde todavía se aprecian carencias, y donde la capacitación lingüística no se exige como un requisito (una conditio sine qua non) sino tan sólo como un bonus. Sin embargo, donde la lengua catalana continúa estando gravemente postergada es en la Administración de justicia. A pesar de que la oficialidad de la lengua catalana también obliga a los juzgados y tribunales con jurisdicción circunscrita en Cataluña, el uso de aquella lengua continúa siendo todavía hoy muy minoritario. La razón de la precaria situación del catalán en el ámbito judicial debe buscarse, en gran medida, en la legislación relativa al poder judicial, que corresponde dictar al Estado, la cual, lejos de favorecer el uso de la lengua catalana en los procesos y demás actividad judicial, prioriza a la lengua castellana, y, además, no requiere el conocimiento de la lengua catalana a los jueces y magistrados destinados a los órganos jurisdiccionales radicados en Cataluña. Precisamente uno de los defectos del Estatuto de autonomía de 1979 lo constituye el no haberles requerido aquel conocimiento o, al menos, no haber atribuido al conocimiento del catalán el valor de mérito (bonus) determinante, que era el valor que le había otorgado el precedente histórico del Estatuto de Cataluña de 1932. Este Estatuto de 1932, como es conocido, fue derogado el año 1938, en plena Guerra Civil, desde el bando que un año más tarde resultaría vencedor.

  Por lo que a la lengua catalana se refiere, el Estatuto de autonomía de 1979 no se limita a dotar de plena y completa efectividad la oficialidad de la lengua catalana, y a proclamar el catalán como «lengua propia de Cataluña», sino que, además, contiene una serie de mandatos dirigidos a la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña (la Generalidad de Cataluña) que consisten en que dicha institución «garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas [el catalán y el castellano], adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña». Estos mandatos (que se contienen en el art. 3.3 del Estatuto), y el estatus de lengua oficial de la lengua catalana, han permitido a la institución catalana adoptar medidas destinadas a la plena normalización del catalán. En este sentido, destaca la institucionalización del modelo lingüístico escolar de conjunción lingüística, que se aplica en todos los centros escolares públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas no universitarias, y que, en síntesis, consiste en reconocer el derecho a recibir la «primera enseñanza» en la lengua habitual de los niños, cuando sea una de las dos lenguas oficiales, y a hacer del catalán la lengua vehicular predominante en el resto de la enseñanza no universitaria, garantizando que los alumnos conozcan correctamente las dos lenguas oficiales (el catalán y el castellano) al finalizar la educación obligatoria.

  También los mandatos contenidos en el artículo 3.3 del Estatuto han permitido intervenir en el ámbito socio-económico con el fin de incrementar la presencia de la lengua catalana en las actividades socio-económicas, en los medios de radiodifusión y televisión y en la industria cultural del cine. En concreto, aquellos mandatos han dado cobertura tanto a la adopción de medidas de fomento (subvenciones, ventajas fiscales¿) como al establecimiento de medidas coercitivas, las cuales consisten en el deber de utilizar, al menos, el catalán en determinadas señalizaciones, carteles, informaciones y documentos o en el establecimiento de cuotas de utilización de la lengua catalana.

  El Estatuto de 1979 ha sido un instrumento necesario y útil para la protección y la normalización del catalán, pero, probablemente, no sea un instrumento suficiente, como posiblemente tampoco no lo sea el nuevo Estatuto de 2006. La protección plena y efectiva y la normalización completa del catalán requieren, como mínimo, lo siguiente: o bien una política de indudable signo territorializador a favor del catalán en Cataluña; o bien una política lingüística personal que extienda el derecho a utilizar el catalán ante todas las instituciones centrales del Estado, los órganos centrales de la Administración general del Estado y los órganos judiciales con jurisdicción en todo el territorio del Estado, y a ser correspondido en aquella lengua por parte de dichas instancias. Ahora bien, la primera opción, en parte, y la segunda, inexorablemente, exigen una reforma de la Constitución española de 1978. Pero esto ya no corresponde al Estatuto, que no es más que un instrumento legal que desarrolla la norma constitucional.

• català

  L'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 va suposar un canvi radical en el règim lingüístic de la llengua catalana a Catalunya. Amb l'Estatut es feia efectiva l'oficialitat del català (art. 3.2 de l'Estatut), donant així compliment, a Catalunya, al mandat constitucional d'atribuir l'estatus de llengües oficials en les respectives comunitats autònomes a les llengües espanyoles diferents del castellà (art. 3.2 de la Constitució espanyola de 1978). D'aquesta manera, a Catalunya dos llengües tenien l'estatus de llengües oficials: el català, com a llengua pròpia de Catalunya (art. 3.1 de l'Estatut), i el castellà, que ho era per ser la llengua oficial de l'Estat.

  L'oficialitat del català ha alterat els hàbits i usos lingüístics oficials en les administracions públiques ragudes a Catalunya, al permetre l'ús d'aquella llengua al seu pit i en les relacions entre aquelles i els ciutadans. S'ha de recordar que, anteriorment a l'Estatut d'autonomia, l'ús del català en les administracions havia estat prohibit, i que únicament s'havia tolerat en supòsits específics en els anys immediatament anteriors a l'aprovació de l'esmentat Estatut. Després de la seva entrada en vigor, la determinació de l'abast dels efectes de l'oficialitat i, sobretot, la regulació de l'ús de les dues llengües oficials no ha estat sempre pacífica, com ho posen en relleu les nombroses sentències que s'han dictat sobre això. D'altra banda, l'oficialitat del català ha fet necessària la capacitació lingüística del personal al servei de les administracions públiques, el que s'ha traduït en la necessitat d'acreditar el coneixement adequat de les dues llengües oficials -el català i el castellà- en les proves d'accés a l'ocupació pública i en la cobertura de places vacants. També aquesta qüestió ha estat objecte de controvèrsia jurídica i ha exigit el pronunciament del Tribunal Constitucional, que ha avalat aquelles exigències lingüístiques sempre que el nivell de coneixement exigit sigui proporcional a la capacitat lingüística requerida per a la funció a exercir.

  Mentre l'ús de la llengua catalana en les administracions públiques s'ha normalitzat, especialment en l'Administració autonòmica i en les administracions locals, no ha succeït el mateix en l'Administració de l'Estat a Catalunya, on encara s'aprecien manques, i on la capacitació lingüística no s'exigeix com un requisit (una conditio sine qua non) sinó tan sols com un bonus. Tanmateix, on la llengua catalana continua estant greument postergada és en l'Administració de justícia. Malgrat que l'oficialitat de la llengua catalana també obliga els jutjats i tribunals amb jurisdicció circumscrita a Catalunya, l'ús d'aquella llengua continua sent encara avui molt minoritari. La raó de la precària situació del català en l'àmbit judicial s'ha de buscar, en gran manera, en la legislació relativa al poder judicial, que correspon dictar a l'Estat, la qual, lluny d'afavorir l'ús de la llengua catalana en els processos i altres activitat judicial, prioritza a la llengua castellana, i, a més, no requereix el coneixement de la llengua catalana als jutges i magistrats destinats als òrgans jurisdiccionals raguts a Catalunya. Precisament un dels defectes de l'Estatut d'autonomia de 1979 el constitueix el no haver-los requerit aquell coneixement o, almenys, no haver atribuït al coneixement del català el valor de mèrit (bonus) determinant, que era el valor que li havia atorgat el precedent històric de l'Estatut de Catalunya de 1932. Aquest Estatut de 1932, com és conegut, va ser derogat l'any 1938, en plena Guerra Civil, des del bàndol que un any més tard resultaria vencedor.

  Pel que a la llengua catalana es refereix, l'Estatut d'autonomia de 1979 no es limita a dotar de plena i completa efectivitat l'oficialitat de la llengua catalana, i a proclamar el català com «llengua pròpia de Catalunya», sinó que, a més, conté una sèrie de mandats dirigits a la institució en la qual s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya (la Generalitat de Catalunya) que consisteixen que l'esmentada institució «garantirà l'ús normal i oficial dels dos idiomes [el català i el castellà], adoptarà les mesures necessàries per assegurar el seu coneixement i crearà les condicions que permetin assolir la seva plena igualtat referent als drets i deures dels ciutadans de Catalunya». Aquests mandats (que es contenen a l'art. 3.3 de l'Estatut), i l'estatus de llengua oficial de la llengua catalana, han permès a la institució catalana adoptar mesures destinades a la plena normalització del català. En aquest sentit, destaca la institucionalització del model lingüístic escolar de conjunció lingüística, que s'aplica en tots els centres escolars públics i privats concertats que donen els ensenyaments no universitaris, i que, en síntesi, consisteix a reconèixer el dret a rebre la «primera ensenyament» a la llengua habitual dels nens, quan sigui una de les dues llengües oficials, i a fer del català la llengua vehicular predominant en la resta de l'ensenyament no universitari, garantint que els alumnes coneguin correctament les dues llengües oficials (el català i el castellà) en finalitzar l'educació obligatòria.

  També els mandats continguts a l'article 3.3 de l'Estatut han permès intervenir en l'àmbit soci-econòmic a fi d'incrementar la presència de la llengua catalana en les activitats soci-econòmiques, en els mitjans de radiodifusió i televisió i en la indústria cultural del cinema. En concret, aquells mandats han donat cobertura tant a l'adopció de mesures de foment (subvencions, avantatges fiscals...) com a l'establiment de mesures coercitives, les quals consisteixen en l'haver d'utilitzar, almenys, el català en determinades senyalitzacions, cartells, informacions i documents o a l'establiment de quotes d'utilització de la llengua catalana.

  L'Estatut de 1979 ha estat un instrument necessari i útil per a la protecció i la normalització del català, però probablement, no sigui un instrument suficient, com possiblement tampoc no ho sigui el nou Estatut de 2006. La protecció plena i efectiva i la normalització completa del català requereixen, com a mínim, el següent: o bé una política d'indubtable signe territorializador a favor del català a Catalunya; o bé una política lingüística personal que estengui el dret a utilitzar el català davant de totes les institucions centrals de l'Estat, els òrgans centrals de l'Administració general de l'Estat i els òrgans judicials amb jurisdicció a tot el territori de l'Estat, i a ser correspost a aquella llengua per part de les esmentades instàncies. Ara bé, la primera opció, en part, i la segona, inexorablement, exigeixen una reforma de la Constitució espanyola de 1978. Però això ja no correspon a l'Estatut, que no és més que un instrument legal que desenvolupa la norma constitucional.

• English

  The enactment of the 1979 Statute of Autonomy meant a radical change in the linguistic regime of the Catalan language in Catalonia. With the Statute, the official status of Catalan came into effect (art. 3.2 of the Statute), thus complying in Catalonia with the Constitutional mandate of giving the Spanish languages, other than Castilian, official status within the respective autonomous regions (art. 3.2 of the 1978 Spanish Constitution). In this way, in Catalonia, both languages enjoyed official language status: Catalan, as Catalonia¿s own language (art. 3.1 of the Statute), and Castilian, as the official language in Spain. Catalan¿s official status altered the official linguistic habits and uses within the public administrations based in Catalonia, by allowing the use of this language within them and in their relations with citizens. It is worth remembering that, before the Statute of Autonomy, the use of Catalan in the administrations was forbidden, and that it was only tolerated in specific situations in the years immediately before the enactment of the Statute. After its coming into effect, the determination of the scope of the effects of its official status and, above all, the regulation of the use of both official languages was not always harmonious, as shown by the numerous sentences passed on the subject. At the same time, Catalan¿s official status called for the need for linguistic training of the personnel at the service of the public administrations, which resulted in the need to accredit the adequate knowledge of both official languages ¿Catalan and Castilian¿in the entry examinations to the civil service, and when filling vacant positions. This question was also subject to judicial controversy and called for a statement by the Constitutional Court, who endorsed the linguistic requirements, provided that the level required be proportional to the linguistic ability required for the duties to be carried out.

  While the use of Catalan has been normalized in the public administrations, especially in the autonomous and local administrations, the same cannot be said of the Spanish administration in Catalonia, where shortcomings can still be found and where linguistic ability is not a requisite (a conditio sine qua non) but simply a bonus. However, where Catalan still continues to be seriously passed over, is in the judicial administration. In spite of the fact that Catalan¿s official status also obliges courts and tribunals with jurisdiction circumscribed to Catalonia, its use continues to be very restricted. The reason for the precarious situation of Catalan within the judicial field can be found, to a great extent, in the legislation relating to the judiciary, which is passed by the State, and which, far from stimulating the use of Catalan in trials and the rest of the judicial proceedings, favours Spanish and, furthermore, does not require the knowledge of Catalan of the judges and magistrates posted in judicial organs based in Catalonia. In fact, one of the flaws of the 1979 Statute of Autonomy is not having requested this knowledge or, at least, not considering the knowledge of Catalan as a determining merit (bonus), as was the case with its historic precedent, the 1932 Statute of Catalonia. This 1932 Statute was revoked in 1938, during the Spanish Civil War, by the side that a year later would end up winning the war.

  As regards the Catalan language, the 1979 Statute of Autonomy does not merely give Catalan full and effective official status, and proclaims Catalan as ¿Catalonia¿s own language¿, but also contains a series of mandates directed at the institution in which Catalonia¿s self-government is politically organized (the Generalitat de Catalunya) calling upon this institution to ¿ensure the normal and official use of both languages, take the necessary measures in order to ensure their knowledge, and create the conditions making it possible for them to achieve full equality in terms of the rights and duties of the citizens of Catalonia.¿ These mandates (contained in art. 3.3 of the Statute) and the official status of Catalan have allowed this institution to adopt measures intended to achieve full normalization of Catalan. In this sense, it is of great importance the institutionalization of the school linguistic model of linguistic conjunction, applied in all state and state-subsidised schools providing non-university education. In short, this system recognizes the children¿s right to receive ¿initial education¿ in their usual language, provided it is one of the two official languages, and makes Catalan the predominant vehicle of teaching and learning in the rest of the non-university education, thus ensuring that students will have a sound knowledge of both official languages (Catalan and Castilian) when they finish their compulsory education.

  The mandates contained in article 3.3 of the Statute made it possible to intervene in the socio-economic field with the aim of increasing the presence of Catalan in socio-economic activities, the media and the film industry. Specifically, these mandates covered both promotion measures (subsidies, tax reduction, etc.) as well as coercive measures, such as the obligation to use, at least, Catalan in certain signs, posters, general information and documents, or in the establishing of quotas for the use of Catalan.

  The 1979 Statute has been a necessary and useful instrument for the protection and normalization of Catalan. However, this instrument is probably not sufficient, as will probably be the case of the new 2006 Statute. Full and effective protection and complete normalization of Catalan requires, at least, one of the following: either unmistakably territorializing policies in favour of Catalan in Catalonia, or personal policies which extend the right to use Catalan when dealing with all the central institutions of the State, the central organs of the State¿s general administration and the judicial organs with jurisdiction in the whole territory of the State, and to be dealt with, in turn, in that language by those authorities. However, the first option, in part, and the second one, inevitably, require a reform of the 1978 Spanish Constitution. This requisite, however, does not correspond to the Statute, which is a mere legal instrument which builds on the constitutional norm.