Resumen de El coste del presunto cambio climático
Las cuestiones medioambientales y el presunto cambio climático están condicionando los procesos de toma de decisiones políticas y económicas. Para analizar el medio ambiente desde una perspectiva global es obligado emplear un enfoque multidisciplinar que complemente al puramente económico. Es preciso compatibilizar el progreso económico con la conservación medioambiental. No obstante, la preocupación medioambiental puede tener el efecto perverso de limitar e introducir nuevas restricciones al potencial de crecimiento de los países en vías de desarrollo. Tal asimetría de incentivos dificulta el desarrollo de acuerdos e instituciones supranacionales que protejan el medio ambiente con una visión equilibrada de los múltiples intereses contrapuestos en juego. El desarrollo sostenible debe ser un equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente.
La regulación medioambiental ha generado efectos perversos medidos por la desproporción entre sus logros y los costes introducidos al sistema económico en términos de eficiencia económica. El deterioro del medio ambiente constituye un claro ejemplo de externalidad negativa. De forma adicional a las externalidades, la intervención del sector público se justifica por el hecho de que el medio ambiente puede ser considerado como un bien público puro, en cuyo caso el nivel de protección y conservación del mismo ofrecido en exclusiva por el sector privado sería subóptimo. Ante los problemas y efectos perversos de la regulación se está modificando la forma de intervenir en la política medioambiental, concediendo protagonismo y responsabilidad crecientes al sector privado e introduciendo instrumentos económicos basados en el mercado. En definitiva, es necesario conseguir un desarrollo sostenible que permita a las generaciones futuras progresar, por lo que es ineludible proteger el medio ambiente. Sin embargo, las decisiones se deben fundamentar sobre conclusiones científicas y además se debe calcular y diferir a la sociedad el coste de las medidas que se apliquen
