La inclusión en el concepto de estado de insolvencia de la exigencia de irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones puede cumplir una doble misión que ayude al derecho concursal a encontrar una función adecuada. De un lado, evita que el estado de insolvencia quede reducido a la situación de desbalance (activo inferior a pasivo) e incluso a la de mera iliquidez, permitiendo a los deudores utilizar el procedimiento concursal para favorecer una reestructuración del patrimonio y, en particular, de la empresa, y, por tanto, su conservación. De otro, sirve de freno a la posibilidad de que el deudor evite la declaración de concurso solicitada por un acreedor, ya que, para conseguirlo, tendrá que demostrar que puede pagar las deudas de forma regular.
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