Los servicios públicos desempeñan un papel igualitario y compensador dentro de los mecanismos de protección social del Estado. Proporcionan un equilibrio vertebrador en la forma de un salario social complementario de las retribuciones, estrictamente económicas, que reciben los trabajadores a través de sus nóminas. Por lo tanto, cualquier "reforma" que introduzca retrocesos en el Estado del Bienestar implica, de forma automática, retrocesos salariales, porque recorta la nómina del salario social.
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