La prueba videográfica está ya plenamente reconocida por la Doctrina y Jurisprudencia como instrumento de prueba en el proceso penal, pero se pueden plantear diversos problemas. Tras explicar los límites constitucionales para su obtención, se analizan las garantías procesales que han de respetarse para su incorporación válida al proceso y la eficacia probatoria de las imágenes obtenidas para destruir la presunción de inocencia del imputado. Asimismo se comenta la Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados