La reciente aprobación en España del Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas Dependientes plantea la necesidad de un sistema de valoración para personas en situación de dependencia. La valoración se fundamenta en una clara descripción de su marco conceptual, donde deben explicitarse los componentes implicados, así como la clasificación y utilidad a la que se destina.
A efectos prácticos, la valoración de la discapacidad o dependencia debe centrarse en el estudio de aquellas actividades en las que una persona necesita de otra para su realización, sin perder de vista las deficiencias corporales y el contexto.
Tomando como referencia la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) que establece tres formatos de valoración (cribaje y detección de casos, uso diario por profesionales de la salud y estudios de investigación) se apuesta por el uso del formato de cribaje por profesionales de salud cercanos, numerosos y con conocimiento de la comunidad, como las enfermeras, lo que permitirá priorizar y garantizar el acceso a toda la población, La derivación al órgano de valoración multiprofesional competente, permitirá la utilización del formato de uso diario para una valoración que incluya los tres componentes.
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