En las dos últimas décadas, Ecuador ha permanecido expuesto a una serie de problemas económicos y políticos que han repercutido en la gobernabilidad democrática, en la plena vigencia de los derechos humanos y en la posibilidad de construir instituciones eficaces, legítimas y representativas, bajo un marco político propicio para el desarrollo social y económico de sus habitantes. En términos amplios, estos problemas han puesto en duda el futuro inmediato acerca de la constitución de un efectivo estado de derecho que exprese el respeto a las reglas de juego democrático, por parte de los distintos actores de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
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