El artículo analiza la política de seguridad interna del gobierno federal de Estados Unidos, con énfasis en su propuesta de seguridad fronteriza y algunos de los impactos de ésta en la frontera con México, concretamente el caso de la relación Tijuana-San Diego. Esta frontera es considerada como uno de los puntos de cruce más importantes, en términos comerciales, de drogas ilícitas y de migrantes. El argumento central que sustenta es que el objetivo de dicho gobierno de lograr un equilibrio entre las prioridades de seguridad, por un lado, y agilizar los flujos transfronterizos (personas, mercancías y servicios), por otro lado, será difícil de alcanzar a mediano plazo, a causa de factores asociados a la política burocrática estadounidense y al peso que se le concede a la política de seguridad.
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