La pobreza energética de los países del Sur se ha agravado durante los últimos años. Sus políticas energéticas durante las dos últimas décadas han estado orientadas principalmente a unas reformas del sector eléctrico que han atraído inversiones del extranjero, cuya prioridad no es universalizar el servicio, sino la rentabilidad económica. Ante esta realidad, desde hace algunos años los gobiernos, así como las agencias multilaterales y bilaterales, están desarrollando y promoviendo estrategias específicas de electrificación rural, que tienen en cuenta la eliminación de barreras.
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