Las condiciones anormales de producción durante la neutralidad oficial española en la Guerra Europea provocaron una inflación muy por encima del nivel de subida de salarios, grandes beneficios para los empresarios y cambios traumáticos en el mundo del trabajo que los sindicatos aprovecbaron para crecer y afirmarse sobre un movimiento obrero muy militante, y lograr el control de su dirección. En 1919, la diplomacia laboral internacional creada con la firma del Tratado de Versalles obligaba a España a modificar su política social y de trabajo para ajustarla a las directrices de la OIT. Por ello, la posibilidad de integración de los sindicatos en el sistema, que fue vista en los medios políticos y publicisticos del republicanismo democrático y el socialismo como un factor decisivo para la democratización del régimen, pareció real. El sindicalismo revolucionario fue durante unos meses la gran esperanza de una izquierda desalentada y desmoralizada. Pero la hostilídad de las patronales a la política de institucionalización del sindicalismo encontró respaldo en ciertos sectores del ejército y entre los grupos más antiiberales de la sociedad española, que sólo veían extremismo y bolchevismo en el desafio de los sindicatos. Ni los gobiernos ni el Parlamento pudieron ofrecer las garantías necesarias para que el proceso de incorporación del sindicalismo al Estado se llevase a cabo sin contratiempos y, apenas un año después, en 1920, todo estaba perdido.
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