Entre los grupos de personas particularmente vulnerables a los que afecta la violencia ejercida por individuos que les son cercanos, quizás el que menos atención suela atraer sea el de los mayores, frente al -por otra parte, más que justificado- interés que despiertan los niños y las mujeres maltratadas. El presente artículo es una llamada de atención a juristas y criminólogos sobre la necesidad cubrir esta laguna parcial, tanto por obvios motivos de tutela de los derechos fundamentales de los ancianos (o sea, de las personas) cuanto por la creciente importancia social y económica que este sector de la población va adquiriendo en las sociedades occidentales.
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