La evaluación de la realidad del sistema de penas no puede quedar exclusivamente en manos de una comisión de expertos juristas. Es necesario que se potencien en España los estudios criminológicos para disponer de datos rigurosos que permitan valorar adecuadamente, más allá del enfoque exclusivamente técnico-jurídico, la eficiencia y la eficacia de la justicia penal.
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