La reciente modificación del art. 111 de la Constitución italiana introduciendo el concepto del justo proceso no sólo constituye una gran reforma desde el punto de vista procesal-penal sino también supone restaurar la soberanía de la ley frente al llamado "gobierno de los jueces". Esto tiene su reflejo concretamente en el ámbito de los delitos contra la Administración Pública, limitando el proceso penal a aquellos casos necesarios en los que la ley dicta, sin posibilidad de que los Magistrados puedan intervenir allí donde no tienen potestad legal y sin que puedan interpretar arbitrariamente o de forma excesivamente extensa los preceptos legales.
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