RESUMEN: La salud se ha constituido como derecho de ciudadanía en las sociedades occidentales pero en la práctica ese derecho se ve restringido en tanto que no todas las personas acceden a la condición de ciudadanos de pleno derecho, siendo este el caso de las personas inmigrantes. En estas páginas se trata de mostrar la importancia de que exista un marco político y normativo que no sólo reconozca el derecho a la salud sino que posibilite su ejercicio, como sucede en Andalucía. Partiendo de este reconocimiento, se trata de profundizar -desde una perspectiva cualitativa- acerca de la desinformación y las resistencias y prejuicios culturales, tanto de los profesionales como de la población inmigrante, que dificultan la relación terapéutica y la eficacia de los tratamientos prescritos.
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