El estudio que sigue renuncia a recoger todas las posibles situaciones en que afecta el Derecho Civil a quienes alcanzan la tercera edad. Se han excluido todas las situaciones propias de personas plenamen-te capaces, porque en tales casos ninguna discriminación en perjuicio del anciano existe. Y se han omitido, aparte de necesarias referencias, las situaciones de crisis grave de la capacidad de obrar que tiene reconocida la persona. Así, el objeto final del trabajo ha sido, respetando la brevedad necesa-ria, la enumeración de las previsiones legales que existen en la legislación general española para atención a aquellos ancianos que, sin sufrir enfer-me-lad que disminuya su capacidad de entendimiento y decisión de modo definitivo, deban recibir asistencia para actuar en el complejo tráfico jurí-dico. En concreto, serán tratadas la guarda de hecho, el nombramiento de defensor judicial, el internamiento involuntario en centro adecuado y la forma en que pueden ser atendidas las necesidades básicas del anciano. En definitiva, el marco jurídico que permite la atención correcta de cada situación que pueda generar la diversidad de necesidades que la realidad social presenta.
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