La Administración Pública está obligada ética y moralmente a conseguir un nivel suficiente de calidad, que debido a su situación monopolística a veces no compara con otros suministradores privados de los mismos servicios, olvidando que el ciudadano, en muchos casos, es un usuario o destinatario de tales servicios de carácter forzoso. Se puede decir que el objetivo central de cualquier corporación local ha de ser la satisfacción del ciudadano, satisfacción que ha de cubrir tanto al cliente interno como al cliente externo.
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