El derecho, acompañado por un marco regulatorio y unas políticas que reflejen la realidad, siendo transparentes, a favor de la competencia y tecnológicamente neutrales, es esencial para la construcción de una Sociedad de la Información centrada en las personas. Los Gobiernos deberían intervenir, según sea apropiado, para corregir fallas de mercado, para mantener la competencia justa, para atraer la inversión, para incrementar el desarrollo de ICTs en infraestructura y aplicaciones, para maximizar los beneficios económicos y sociales y para servir a las prioridades nacionales
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