El 20 de diciembre de 1996 se presentó ante el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular que aspira a proclamar una Carta de Derechos Sociales contra el paro y la pobreza, que resume dos de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical: el reparto del tiempo de trabajo y la fijación añadida de un salario social, reconocido como derecho ciudadano, para quienes demandan y no encuentran empleo.
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