La Ley de Derechos y garantías del contribuyente se concibe como un intento de mejora de las relaciones formales de la Administración tributaria con los administrados, poniendo límites a la discrecionalidad de las actuaciones de inspección y gestión, en línea con las prácticas de otros países de nuestro entorno. Se revisan así los derechos de información y asistencia del contribuyente, las disposiciones entorno a los plazos y a la caducidad de las actuaciones de la Administración, así como el alcance de las mismas en las llamadas actas previas, concluyendo con la ejecutividad de las sanciones tributarias
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