Durante 1998 y 1999, el sector eléctrico chileno sufrió una de sus peores crisis en el siglo 20, llevando a la autoridad a decretar racionamiento eléctrico. Usando un modelo formal, este trabajo estudia si la ley eléctrica contenía precios suficientes para administrar eficientemente y sin cortes de suministro una caída drástica de la cantidad ofrecida de energía. Adicionalmente, se estudia si la regulación daba los incentivos correctos para invertir en capacidad de reserva. Finalmente, se analizan las consecuencias de limitar las compensaciones a usuarios regulados para la asignación de recursos y la inversión. Concluimos que el sistema de precios vigente en Chile es intrínsecamente rígido e incapaz de acomodar grandes shocks de oferta. Dos de los precios claves del mercado (nudo y falla) son fijados por el regulador, pero éste no puede disponer de información suficiente para replicar ex ante los precios que arrojaría un mercado contingente en situaciones de sequía. Los requerimientos de información necesarios para fijar el costo de falla son formidables, por lo que éste no opera como un precio contingente.
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