El proceso de liberalización del sector postal se ha articulado básicamente mediante la técnica de la desintegración vertical por mandato de la legislación comunitaria aplicable. Esta desintegración vertical ha de permitir el fraccionamiento de las distintas fases en la prestación del servicio postal (recogida, clasificación transporte y distribución). De todas formas, estas intervenciones estáticas deben combinarse con un estricto control del acceso de terceros para garantizar las condiciones de igualdad de acceso a la prestación. En una situación de hecho caracterizada por la posición dominante del antiguo operador monopolista, se revela crucial la existencia de un regulador independiente que fije las condiciones de ese acceso. A falta de un regulador sectorial especializado, el Tribunal de Defensa de la Competencia se erige como la única instancia capaz de garantizar la efectividad del proceso de liberalización y la protección de la libre competencia.
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