Para analizar la presencia del racismo en la sociedad española es necesario tener en cuenta que el marco legal y político de acogida es estructuralmente discriminatorio. Tanto en España como en la Unión Europea, las leyes colocan a las personas extranjeras en una situación de no ciudadanía, con una inferioridad de derechos cuya discriminación extrema la sufren aquellos que se encuentran en situación irregular. Distintos ámbitos de la vida social, como el laboral o el acceso a la vivienda se ven afectados por esta inferioridad de derechos, favoreciendo el crecimiento del racismo social.
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