La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1999 complementa a los análisis jurídicos y económicos que se han ocupado de la definición y la incidencia en la asignación de recursos del proceso de privatizaciones en España. Entre las cuestiones que ha definido dicha Sentencia se encuentran la facultad del Consejo de Ministros para decidir la privatización de empresas públicas sin necesidad de una ley explícita de privatizaciones y que el cambio de titularidad de las acciones de una compañía no debe significar automáticamente la pérdida de la "consideración de servicios esenciales de titularidad estatal" que dicha compañía prestaba. Adicionalmente también resolvió determinadas cuestiones relativas a la aplicación de la Ley 5 / 1995 que regula en España las "acciones doradas"
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