En España a finales de los años setenta la situación con respecto al tratamiento de las aguas residuales urbanas no se podía decir que era buena, ya que solamente una pequeña parte de los caudales era tratada.
En los ochenta hubo un profundo cambio como consecuencia de una mayor concienciación y sensibilidad pública, la publicación de la Ley de Aguas (1985), la integración de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (1986) y la descentralización del Estado configurándose las Administraciones Autónomas a las que se transfiere las competencias de auxilio a las Corporaciones Locales en materia de abastecimiento y saneamiento, provocó que aproximadamente un 40% de la población fuera servida por sistemas de depuración.
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