Recientemente se ha abierto un profundo debate sobre el futuro de la Unión Europea en la era de la globalización y la intercomunicación, cuyo punto central gira en torno a cuál de estas dos concepciones debe predominar: la política o la económica. Una simple retrospectiva histórica pone de manifiesto que lo que comenzó como un cártel mercantil encerraba dentro de sí un proyecto global para Europa.
Sin embargo, esta pacífica construcción unitaria se ha visto resquebrajada después de la Cumbre de Niza, donde los grandes países han pretendido conseguir un mayor grado de hegemonía, con motivo del reparto de poderes, cuando se hayan integrado los doce nuevos Estados que han solicitado su ingreso.
Según demuestran las últimas encuestas, ha disminuido en general la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión. De todos modos, frente a las tendencias que proponen como objetivo prioritario el crecimiento económico, emergen cada vez con más fuerza las tesis que abogan por una constitución de signo preferente mente político, basada en la defensa de los derechos fundamentales del hombre, así como en los principios de complementariedad entre la unidad y la diversidad, lo subsidiariedad y la igualdad.
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