La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género inaugura una nueva etapa de trabajo en la consolidación del derecho humano que sostiene que "nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Esta Ley es fruto de largos años de exigencias de las mujeres progresistas y feministas, que con su implicación social han posibilitado el avance de las políticas de igualdad.
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